Avanza una investigación contra Gils Carbó y podría terminar en juicio político



El juez federal Julián Ercolini ordenó allanar cuatro dependencias de la Procuración General de la Nación para obtener registros de la compra de un edificio realizada en 2013 por 43,8 millones de pesos, unos 8 millones de dólares de la época.

La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión. Los procedimientos se extendieron a la inmobiliaria que intervino en la operación, Jaureguiberry y Asociados, y a la casa de un intermediario, que cobró una jugosa comisión de casi 3 millones de pesos y que es medio hermano de un funcionario de la Procuración General de la Nación que estaba en el área de contrataciones. 

Gil Garbó aparece al final de la operación y en la Procuración sostienen que fue víctima de un empleado infiel. No obstante, en tribunales y en el Congreso señalan que políticamente es responsable de la compra porque aparece firmando la operación y que éste es el camino más directo al juicio político que impulsa el Gobierno, y que espera su tratamiento en el Congreso.

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