#EditorialHi: Pensiones necesarias, recortes insensibles, por María Belén Aramburu


Si la discapacidad se define por la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposiblita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona, está clarísimo que quienes están a cargo de funciones públicas, deben velar por el bien común, sobre todo aquellas que se ocupan de este ámbito específico.
Y cuando hablamos de discapacidad debemos poner nuestra atención en la persona con discapacidad. Hablamos de la persona y, en segundo término de la discapacidad como una de sus características, entre muchas otras.

Hablar de "capacidades diferentes" es un eufemismo. Todos tenemos capacidades diferentes.
Recuerdo una entrevista al entonces titular del INADI junto con una persona con discapacidad que, por otra parte era colega ya que habíamos estudiado la misma carrera universitaria, Ciencias Políticas, lo que por otra parte nos llevó a una conversación muy interesante estando al aire durante el programa, que me dijo: "Yo soy discapacitado, estoy en una silla de ruedas, y así se debe hablar en los medios de comunicación, de discapacidades, no de capacidades diferentes". A esto se sumó el titular del INADI enfatizando este concepto.
Conversando con los productores sobre el contenido, nos pareció tener un material muy valioso para todos, para el público y para nosotros que, desde la comunicación, queremos dirigirnos con propiedad y respeto.

Tengo aún el vivido recuerdo de una de mis primeras entrevistas, una que me llegó al Alma, y que, cuando me preguntan por mis mejores notas periodísticas, con la expectativa de obtener una respuesta que me lleve a relatar algún viaje espectacular, o alguna de contenido político o económico, o a alguna figura internacional o local de relevancia, la cuento con la misma calidez que sentí cuando, en el estudio de televisión, el silencio de todos los que estábamos allí, nos permitió escucharlo... Todos nos unimos en las mismas emociones y sentimientos profundos... Sabíamos de su importancia... Ya les contaré al final de esta editorial...

Porque antes de ello, les quiero decir que me duele mucho entrevistar a una mamá que tiene una hija con discapacidad, quien hace 8 años recibe una pensión que ahora le fue quitada, vulnerando el derecho de esta niña y, desde ya, de su familia. Una mamá que tiene que hacerse cargo de la manutención de sus tres hijos, quien, sin la pensión, ya no tiene una obra social que le cubra la compra de los remedios para hacer frente a las dificultades que la discapacidad de su hija presenta, que está separada, que no tiene trabajo, que no lo consigue, que ahora tiene que presentar certificados que la avalen para seguir recibiendo el dinero de la pensión...
¿Les parece que es fácil salir a trabajar con lo que para ella significa ocuparse de su hija además de sus otros dos hijos? Y, ¿saben cuánto dinero recibía hasta hoy? Sólo $ 4.100. 
¿Saben lo que significa para esta mujer, para su hija discapacitada, para toda la familia recibir este dinero cuando tiene que ir al hospital asiduamente, hacer largas filas desde temprano para sacar número, hacer largas filas para que atiendan a su hija, comprar los remedios ahora sin descuento, auxiliar a su hija en tareas que los demás realizamos rutinariamente con facilidad...? 
Muchísimo. 
Mucho más de lo que cualquiera de nosotros podamos siquiera imaginar. 
Y esta mamá representa a muchas otras y muchos otros que están atravesando una situación similar.

Entonces no entiendo por qué el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, saca la pensión a miles de personas con discapacidad basándose en un decreto del año 1997 que, por otra parte, nunca fue aplicado.

¿Por qué se le da de baja a pensiones que ya habían sido otorgadas? ¿Por qué tienen que comprobar lo que ya está comprobado? ¿Por qué tocar derechos de los más vulnerables?

Invocando una resolución que se basa en casos de extrema indigencia, se margina al que en la mayoría de los casos está y se siente marginado. Porque ni siquiera se controla que la ley que creó el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad se cumpla. Régimen de protección. Léase bien. Para neutralizar, dice la ley entre alguno de sus principios, la desventaja que la discapacidad les provoca.

Y existe otra ley que obliga al Estado, a través de sus tres poderes, a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4% de la totalidad del personal de planta permanente y contratados. Y también obliga a las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
¿Hay un registro de las personas con discapacidad que trabajen para el Estado? ¿Se cumple con el cupo establecido por ley? ¿Se controla que se cumpla? 
No. 
Marcos Peña, Jefe de Gabinete de la Nación, en su última presentación ante la Cámara de Diputados, informó que son sólo el 0,95% los ocupados por el Estado en estas condiciones.

La integración laboral de las personas con discapacidad no sólo es un derecho. Es una obligación.
Y se justifica la medida adoptada asegurando que una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión y puede trabajar si así lo deseara, como lo hizo Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
Y así como este recorte es inconstitucional, habiendo incorporado la Argentina a su Carta Magna, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado debe asegurar al discapacitado, su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido.
No se está respetando su autonomía.

¿Cómo puede ser que la persona se entere que ya no recibe su pensión cuando va a cobrar? ¿Cómo puede demostrar sus gastos y necesidades mínimas al menos de subsistencia si no le permiten ser escuchada? ¿Y mientras va produciendo las pruebas exigidas para seguir recibiendo la pensión, quién la ampara? Nadie. Se las vuelve nuevamente vulnerables. Se las pone en un lugar de indigencia, desde lo económico y, más aún, desde lo moral.
Hay demoras de hasta 1 año para conseguir el nuevo certificado.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece claramente que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, no de asistencialismo.
El decreto del año 1997 dispone de requisitos inconducentes a los propósitos de respetar los derechos de personas con discapacidad para acceder a una pensión.

¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo?
Presentación de recursos de amparo de forma individual o colectiva y, por parte del Poder Legislativo, proyectos tendientes a derogar el decreto que en su momento reglamentó una ley, inconstitucional en su momento, inconstitucional ahora y siempre.

Pasaron varios años... Fue una de mis primeras entrevistas. Aún hoy resuena en mi Alma la música que nos envolvió a todos, aquella mañana mágica en un estudio de televisión, aquella canción que nos enmudeció para, desde nuestro silencio interior, acompañar los compases que nos regalaba un joven que con su discapacidad, nos enseñó que tenía más capacidades que muchísimos otros, porque, desde pequeño, había aprendido que los obstáculos eran oportunidades disfrazadas de bendiciones. La entrevista que más recuerdo lleva a mi Alma a disfrutarla en el recuerdo, una vez más...

por María Belén Aramburu


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