#EditorialHi: "Se busca consenso para el pacto fiscal" por María Belén Aramburu


Uno de los mensajes claros que el gobierno nacional obtuvo del mercado internacional, sobretodo del de capitales, durante la gira del presidente Mauricio Macri en la ciudad de Nueva York, fue que se debía dejar en claro a través de hechos concretos, que las pretendidas reformas económicas debían contar con el respaldo de la oposición y de la mayoría del población, más allá del triunfo en las últimas elecciones legislativas que le han servido para avanzar con los cambios que buscan consenso en todos los sectores involucrados, especialmente de todas las fuerzas políticas del Congreso y el poder sindical. 

¿Por qué es tan importante el consenso a los ojos del mundo? Porque las inversiones, aclaran los interesados, deben tener bases sólidas de credibilidad y perdurabilidad en el tiempo, más allá de la actual gestión. 

¿Por qué es tan importante el consenso a los ojos del gobierno nacional? Porque resulta imprescindible contar con el apoyo de la oposición para que avancen los proyectos de ley que ya están llegando al Congreso. Cada voto se cuenta minuciosamente. 

Si de consensos hablamos, el que mayor urgencia presenta en estos momentos, es aquél que debe concretarse con las provincias. Es aquél que el gobierno lo da prácticamente por cerrado si se le pregunta a algún funcionario cercano al proyecto del Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien por su rol al frente de esta cartera, ya venía avanzando con los mandatarios de cada distrito mucho antes del proceso eleccionario.
Los resultados eleccionarios le brindaron un aval mayor para el empujón de un borrador que se convirtió en una propuesta a los gobernadores a los cuales se les pide equilibrio fiscal en base a ajustes y cambios impositivos teniendo como contrapartida el envío de fondos del Tesoro que evitarían el desfinanciamiento. 

¿Fondos de dónde? Parte de la reforma fiscal que es uno de los ejes sobre los cuales está trabajando el gobierno en forma prioritaria. Habrá además una propuesta de modificación de la ley de movilidad jubilatoria, que viene de la época en que Bodou era el titular de la ANSES, que conllevaría a un ahorro de $100.000 millones ajustando los haberes jubilatorios por inflación en reemplazo del sistema actual que surge de un índice que contempla, entre otras variables económicas, los salarios y los ingresos impositivos de previsión social. Esto último, cabe aclarar ha generado voces contrarias que manifestaron la pretensión de una reducción de estos haberes al ir en baja la inflación. 

¿Por qué es tan importante en estos días el consenso con los gobernadores? Porque son los que enviarán su intención de voto a los legisladores para que aprueben los proyectos mencionados. Y, porque, antes del 31 de diciembre, el gobierno debiese tener firmado el pacto fiscal con las provincias. La orden viene del mismísimo presidente y contempla, entre otros puntos, la baja progresiva de los ingresos brutos hasta el 2021, no sea cosa que, de no adherir, comience a regir el Pacto Fiscal que bajaría drásticamente los ingresos brutos, y por ende, los ingresos a las arcas provinciales. Y no sea cosa que, de no adherir, dejen de recibir recursos del Fondo Sojero, por poner algunos ejemplos. 

Los gobernadores, a través de sus Ministros de Hacienda, están evaluando las consecuencias que su aplicación traería aparejadas. 

Uno de los gestos del gobierno nacional para buscar fluidos apoyos fue fue el de dar marcha atrás al impuesto al vino. Su busca además bajar un punto y medio del PBI a la presión tributaria provincial y municipal. 

Pero a ello deben sumarle la exigencia de renuncia a demandas pasadas y futuras en la Corte Suprema de Justicia. Y acá aparece con fuerza la Provincia de Buenos Aires y su reclamo judicial. María Eugenia Vidal recibirá $20.000 millones más para realizar obras en su distrito, mientras el gobierno propuso resolver el reclamo de la provincia eliminando el artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias en el que quedó anclado el distrito con un tope de $650 millones desde 1992. Aumentan los fondos coparticipables y los recursos no salen de las provincias sino de la Nación. 

Las negociaciones continúan buscando el equilibrio fiscal.

Por María Belén Aramburu


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